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España, el mayor importador de gases refrigerantes ilegales en Europa

En España se han introducido más de 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 de HFC –gases refrigerantes que se utilizan en sistemas de refrigeración y en los aires acondicionados de la industria de la automoción, hospitales o supermercados, entre otros– de manera ilegal durante el año 2018 y 2019. Una cifra que sitúa al país como el mayor importador de gases refrigerantes ilegales en Europa. Este ha sido uno de los principales datos que se han dado a conocer durante el webinar 'Comercio ilegal de gases refrigerantes' organizado por el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC) y la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt).

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Dado el alto Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) de los gases refrigerantes HFC, en el año 2015 entró en vigor el reglamento F-Gas, cuyo fin es combatir el cambio climático con la eliminación paulatina de los HFC. El objetivo a nivel europeo es reducir el 79% de su consumo en 2030, respecto a los niveles de 2009-2012. Asimismo, la regulación nace con el fin de estimular el desarrollo de soluciones alternativas y garantizar una competencia justa entre los sectores clave de la economía. Esto ha significado para la industria la reducción gradual de importaciones de gases HFC de efecto invernadero a través de un sistema de cuotas -que aplica a todos los puntos de acceso a la UE, con el objetivo de controlar la entrada de los gases fluorados en el mercado europeo-. Sin embargo, es en este contexto donde surge el mercado negro de HFC que pretende sortear esta regulación.

En España, la entrada en vigor de la F-Gas vino acompañada de un impuesto sobre los Gases Fluorados que entró en vigor el año anterior, en 2014, y que ha supuesto un agravante añadido para el comercio ilegal en el país. Tal y como explica en el webinar Diego García, director general de Kimikal y miembro de Aefyt, “lo cierto es que, en España, desde la entrada en vigor del impuesto de Gases Fluorados y el reglamento F-Gas, no hemos percibido el impacto positivo de la reducción de las importaciones que exige esta normativa mediante el uso de cuotas. En cambio, sí hemos observado la irrupción de una sospechosa oferta masiva de productos con precios reducidos procedentes de otros distribuidores”.

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